lunes, 7 de septiembre de 2009

PELEA POR EL PODER REAL DE ARGENTINA

PELEA POR EL PODER REAL DE ARGENTINA
PELEA POR EL PODER REAL DE ARGENTINA
Cristina Kirchner lanzó su primer gran golpe al pulpo multimediático

Le quitó al multimedio Clarín el negocio del fútbol que representaba uno de sus mayores ingresos. Mandó el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales al congreso que podría obligar al "pulpo informativo" a desprenderse de muchos de sus medios. Y va por más: intentará desarmar la fusión entre Multicanal y Cablevisión, el último de sus monopolios. Además, la dueña del Grupo, Ernestina Herrera de Noble teme que reactiven la causa que investiga si sus hijos Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos adoptados ilegalmente. ¿En qué cambia todo esto la vida de los argentinos? Opinan: Jorge Lanata, Victor Hugo Morales, Alejandro Apo, Pino Solanas, Carlos Raimundi, Margarita Stolbizer y Eduardo Macaluse.
                                                                                   por Alejandro Costanzo
¿Acaso no es el gobierno quien tiene el poder del pueblo para transformar y mejorar la vida? ¿Y la función de un medio de comunicación no es la de contar a la sociedad lo que pasa, lo que hacen los distintos poderes del Estado? ¿Por qué un presidente tendría intenciones de pelearse con un multimedio? 
El Estado quedó reducido a una cuestión de manual, de pura teoría política porque la realidad marca que el poder está bastante dividido. Por un lado los Kirchner tienen el formal: el del voto y por otro están las grandes organizaciones sociales como la C.G.T. y los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
El Grupo Clarín se presenta como "la empresa de medios más importante de Argentina". Tiene en su poder toda la cadena de producción de la información más extensa del país: desde la fabricación del papel (Papel Prensa S.A.) hasta la distribución y venta de diarios, revistas, libros. También incluye agencias de noticias, canales de aire, canales de cable y radio emisoras en FM y AM. Además, concentra servicios de TV por cable, acceso a Internet y TV digital, y tiene productoras de cine y televisión. Organiza ferias y exposiciones. Posee convenios con instituciones que forman y capacitan a sus empleados. Y por si eso fuera poco, exhibe una fundación que "colabora" con la sociedad. Pero sus negocios e intereses no terminan allí, sino que se expanden en otras áreas económico-políticas que abarcan también a varios países.   
El gigante mediático tiene poco más de 50 años de vida y su crecimiento está plagado de sospechas, connivencias e irregularidades: aún se intenta comprobar si los hijos adoptivos de Ernestina Noble -la dueña del Grupo- provienen de familias secuestradas en la dictadura. Por otro lado, hubo pactos con el gobierno de facto de Videla que sirvieron para incrementar sus negocios como fue Papel Prensa S.A. Además, durante el mandato de Memem obtuvo favores que le permitió ser el multimedio más grande de Argentina; Duhalde también lo benefició con la pesificación y la Ley de Bienes Culturales -hecha a medida para Clarín- que lo protegió de ser absorvido por empresas extranjeras.  De esto casi nada se dice porque la mayoría de los  periodistas, políticos y empresarios temen ser víctimas de una campaña de desprestigio social por parte del multimedio que los dejaría en ruinas. 

La relación entre el multimedio y Nestor Kirchner siempre fue buena, más que buena. Tenían un contacto fluido. No sólo se reunía con el presidente de Clarin, Hector Magnetto, sino que se mostraban con frecuencia juntos en lugares públicos.  Claro que en ese momento existían algunos regalitos -tal vez sugeridos por Hector-  para que esa "amistad" perdurara en el tiempo. En el 2005 Kirchner le extiendió a los medios las licencias por 10 años más de los 15 que ya tenían, es decir hasta el 2030; y días antes de terminar su mandato permitió que Clarín monopolice las señales de cable. Así se fusionaron de hecho Multicanal y Cablevisión.
Pero esta hermosa relación terminó en marzo de 2008, a tres meses de haber asumido Cristina Kirchner, cuando se desató el conflicto con el Campo Argentino. Aún no se había concretado la fusión legal de las señales de cable mediante la publicación en el Boletín Oficial y existía un rumor de que el gobierno, a través de un empresario amigo Rudy Uyolla, había intentado comprar el Canal 11 (Telefé). El pulpo mediático se ubicó del lado del campo al momento de informar y "atacó" sutilmente al gobierno. Esto desató la ira de los Kirchner quienes comenzaron a hablar contra el medio y elaborar una nueva ley de radiodifusión.
Despúes de un año y medio de aquellos hechos y de que Nestor Kirchner obtuviera malos resultados en las elecciones legislativas del 28 de junio pasado -que provocaron una suba en las acciones del Grupo Clarín en un 45%- el gobierno encaró una ofensiva tendiente a desarticular el poder del multimedio.
A mediados de agosto logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le quitara los derechos de televisación a la empresa TSC -perteneciente al Grupo Clarín-, un negocio millonario que pasó al Estado con transmisión gratuita para todo el país. Sin darle respiro al pulpo mediático, el 27 de agosto -día de la radiofonía- Cristina Kirchner anunció el envío al congreso del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que de aprobarse lo obligaría a desprenderse de varias de sus señales. Pero según Gabriel Marioto, titular del Comfer -organismo que regula la radiodifusión argentina- dijo que aún falta evaluar la autorización para que pueda operar la fusión entre las señales de Cablevisión y Multicanal. Ese permiso no fue dado y sin embargo esta unión está funcionando, aseguró.
Hace más de 25 años que varios periodistas y organizaciones civiles esperaban un cambio en la comunicación mediática: que sea plural y democrática, que permita que muchos otros se expresen y no unos pocos. Por ello, a pesar de ejercer un periodismo muy crítico al gobierno de los kirchner tanto Victor Hugo Morales como Jorge Lanata manifiestan estar de acuerdo con el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales. Lanata aseguró que es en lo único que coincide con el gobierno y cree que sería peor que todo quede regido por la vieja ley. Morales piensa que más allá de sus diferencias con el gobierno no se pude estar siempre en contra porque hay que reconocer los puntos que son beneficiosos para la sociedad; y dijo que "estamos viviendo una etapa de tremendo abuso de los medios periodísticos cuando han adquirido una posición dominante". Ellos no hacen más que sostener la idea por la que siempre pelearon, manifiestan.
Hace 15 años que Victor Hugo denuncia los negocios nefastos entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la televisación monopólica de Torneos y Competencias (Grupo Clarín). Lo han querido comprar, desprestigiar y censurar pero su coherencia fue la columna vertebral que sostuvo a Victor Hugo en el tiempo y le dio cada vez más presitigio profesional. El periodista deportivo, Alejandro Apo estima que de aprobarse la Ley existirá una "apertura" de voces periodísticas y por lo tanto de mayor posibilidad laboral.
Varios políticos de la oposición que expresan tener profundas diferencias con el gobierno también están de acuerdo con el tratamiento de la nueva ley de medios. El diputado electo el 28 de junio, Fernando "Pino" Solanas manifestó su coincidencia y aseguró que "es el hecho más auspicioso que haya lanzado Cristina Kirchner en estos tiempos". Por su parte el diputado Nacional, Carlos Raimundi dijo que está dispuesto a debatir y que cree que de aprobarse la ley puede marcar "un antes y un despúes" en la democracia argentina porque las grandes empresas de comunicación influyen en la construcción de la sociedad. Además, la diputada electa el 28 de junio, Margarita Stolbizer aseguró que "tener esa ley (en referencia a la que estableciera dictadura de Videla) en 25 años de democracia es una vergüenza" y agregó que está de acuerdo con la mayoría de los artículos (del nuevo proyecto) aunque le gustraría discutir otros. El Diputado, Eduardo Macaluse piensa que no "hay nada de malo en discutir" la ley con el actual congreso.
Cuando los intereses de una empresa de comunicación son tan grandes y diversos es casi seguro que la información que recibirá la sociedad estará manipulada o tergiversada. Durante la semana pasada, los titulares de la señal de cable Todo Noticias TN y Canal 13 fueron un ejemplo más que claro del tratamiento informativo sobre el mencionado proyecto de Ley. En esas pantallas se pudo leer: "Ley K de control de medios", "Rechazo unánime de la oposición", "Esta ley debería ser tratada con la nueva composición de la cámara", "Quieren condicionar la realidad a través de la información".
La propaganda fue la base y el sostén del gobierno de Hitler. La última dictadura militar más sangrienta de Argentina gozó de la misma herramienta "la buena prensa" y el ocultamiento de información mediante pactos y negociados con los díaros Clarín, La Nación y La Razón.  De otro modo no se hubiese hecho tanto daño.
Ninguna sociedad ni democracia pueden crecer sanamente si existen monopolios informativos que tienen tanto o más poder que el Estado y son capaces de instalar en la sociedad un sólo pensamiento o discurso, más allá de que coincida o se oponga al gobierno. Necesitamos varias voces para permitir el pensamiento y la posibilidad de crecer en libertad. Esta ley es una buena iniciativa.

martes, 1 de septiembre de 2009


Un paso más hacia la soberanía Nacional.La propuesta de Proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales

Después de más de 30 años llego la hora de debatir, por fin!!!!, que es de nuestros medios de comunicación, quien tiene la pelota y como juega con ella y que la preste mas seguido, muchos se escudaran en la libertad de Prensa mas que ahora mas que nunca parezca un libertinaje con tufillos a chantajes empresarios, defender una ley hecha a medida de algunos pocos por las botas setentonas huele muchas mas que a podrido, pero bien cada uno atiende su juego, ellos el de lo mismo de siempre y que mal no les fue y otros defendemos un real acceso a la torta de los medios y la difusión y una justa repartija de la misma.
Por eso aquí les siguen algunos puntillos del proyecto en debate.

Algunos puntos sobresalientes

Tengamos presente que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia, la propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas para asegurar la pluralidad y diversidad, lográndose así el pleno ejercicio del derecho a la cultura y la información de todos nosotros en cuanto ciudadanos.
Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa a través de la radio y la televisión. Todo ello en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos.
El proyecto busca hechar las bases de una legislación moderna que ayude a poner en vigencia el articulo 75 de nuestra Constitución: “... dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales...”
El objeto de la iniciativa es otorgar un marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisuales, en contraste con la antigua regulación que considera a las radios FM como “Nuevas Tecnologías”, garantizar y proteger el trabajo local y argentino (70% de producción nacional en las radios y 60% en TV).
Con la implementación de la nueva ley se fomentara la producción de contenidos educativos e infantiles; se permitirá que las Universidades tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales; se establecerá una Tarifa Social a los servicios por suscripción (cine premium) y se reglamentara el tiempo de publicidad en los sistemas de TV pago.
Este proyecto beneficiará al ciudadano ya que prevé que los partidos de fútbol relevantes puedan verse por TV abierta, además deben implementarse las tecnologías que permitan las personas con capacidades diferentes acceder a la programación y su comprensión.

Todo para que??

Este proyecto nos permitirá a todos el pleno ejercicio del derecho a la información y acceso a la cultura y no será una mera pantalla para hacer negocios. Debemos poner un freno a los mecanismos que les permiten a unos pocos controlar lo de todos, gracias a la legislación de la ultima dictadura cívico-militar, aun vigente que sublima y avasalla a nuestro pueblo.

Luciano Méndez Guerrero.

De mayor a menor - Por Mario Wainfeld

Publicado en Página 12 - 23/8/09 De mayor a menor Por Mario Wainfeld La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una propuesta reparadora tras años de desidia gubernamental. El proyecto, bien concebido y fundado, sintetiza intentos de todo el espectro político, arrumbados por la pasividad de sucesivos gobiernos, incluido el kirchnerista. El esquema legal de la dictadura fue empeorado por los emparches de ulteriores administraciones democráticas, redondeando un cuadro de concentración con escasos parangones en la experiencia comparada. Y el desamparo de medios alternativos sin fines de lucro. El gran titular del derecho a la información es el ciudadano común, no las empresas ni los periodistas. Las personas de a pie deben tener acceso a vastedad de ofertas pero también poder emitir sus ideas o defender sus intereses o valores. La pretensa libertad de quien tiene el control remoto, sugerida en una propaganda de asociaciones de televisoras privadas, es un mero simulacro. La democratización, en los dos lados del mostrador, es mucho más que el zapping. O mejor dicho, son calidades distintas, una versión más de las enormes diferencias que existen entre democracia y mercado. El proyecto incluye puntos cuestionados, que podrían contrariar sus pretensiones y su correcto diseño general. Acaso el más denso es el que augura que se posibilita un nuevo monopolio, en cabeza de las telefónicas. Ese reproche y otros (como la excesiva brevedad de los plazos de concesiones) podrían ser abordados a fondo y eventualmente corregidos en un debate parlamentario plural y de calidad. El oficialismo viene dilatando el envío del proyecto (discutido en foros que recorrieron toda la geografía nacional) al Congreso pese a sucesivos anuncios. El último lo formuló Agustín Rossi, jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria (FPV) hace menos de dos semanas, en el recinto. Un meritorio propósito expresado en los fundamentos de la ley es garantizar el derecho universal del acceso a los espectáculos deportivos de mayor popularidad, en especial el fútbol. El convenio firmado el jueves entre el Ejecutivo nacional y la AFA apunta a ese objetivo. La instrumentación elegida, la liturgia que entornó el anuncio y algunas presencias en los medios públicos, a los ojos de este cronista, habilitan dudas, prevenciones y cuestionamientos. - - Abolir el esquema monopólico preexistente, que incluía una creciente tendencia al arancelamiento, es un innegable avance. Hacerlo vía una sociedad con un ente privado es algo más ríspido. La AFA y los clubes tienen, desde el vamos, un encuadre legal tramposo. Aunque son entidades que manejan presupuestos y negocios siderales, no están regidas por las sociedades con fines de lucro. Se amparan en tipos legales más laxos, piadosos, chúcaros al control público. La conducta de los presidentes de clubes (con excepciones minoritarias) y la de Julio Grondona agravan el descontrol y la suspicacia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comprometió transparencia en la gestión del contrato, como debe ser. Pero la tarea será hercúlea con socios de ese jaez: pésimos administradores, de oscuras vinculaciones económicas y políticas con las barras bravas. Muchos colegas más versados han explicado estos riesgos, en Página/12 o en otros medios. Sin experticia en esos puntos, el cronista añade que las asociaciones comerciales entre Estado y particulares, sin ser ilícitas, están plagadas de acechanzas. Entre otras variables, más espinosas, ocurre que los objetivos de los socios son pocos y precisos (la ganancia por encima de todo), mientras que los deberes del Estado son múltiples y, eventualmente, contradictorios entre sí. Una de las objeciones más trilladas, el costo fiscal del emprendimiento, no parece la más relevante. Primero porque es posible, como promete el Gobierno, que la actividad no sea deficitaria en el corto plazo. Pero, sobre todo, porque las políticas culturales o comunicacionales justifican inversión. La chicana “¿cómo gastar millones cuando hay tanta pobreza?” es efectista pero carece de sustancia, precisamente porque el Estado siempre aspira a (y paga en aras de) fines múltiples. En una sociedad compleja siempre es tiempo de todo, no caben etapismos tan triviales. Las políticas culturales deben sustentarse aún en medio de restricciones económicas. Ampliar los consumos culturales de sectores populares es un modo de mejorar el (escaso de por sí) haz de recursos públicos. Si se quiere, hasta un modo de ampliar su “salario indirecto”. Pero, volviendo, un contrato de tracto sucesivo con gentes de avería es un desfiladero que obligará a los funcionarios concernidos a extremar su destreza y su cautela para no desbaratar en la ejecución los fines perseguidos. - - La liturgia de la presentación del convenio fue, entiende quien firma esta columna, un desafortunado primer paso. El uso de la cadena oficial, la entonación del Himno al lado de Julio Grondona podían haberse obviado. En el mandato de Néstor Kirchner se apeló a una encomiable avaricia en el uso de la cadena: cuando el anuncio del juicio a la Corte Suprema menemista, cuando el entonces presidente clamó por la aparición de Luis Gerez. Cristina Fernández se valió ya más veces de ella, en medio del conflicto por las retenciones móviles. Las justificaba la magnitud del conflicto. El volumen del anuncio del jueves y, sobre todo, la forzosa partición de los réditos con Grondona y su ballet aconsejaban prescindir de ese boato. Claro que los gobernantes deben dialogar y negociar con los actores reales, así sean chocantes. Su mandato de representar a todos los argentinos y la real politik lo imponen. Pero sobraron la unción que supone un acto con la Presidenta, abarcando un discurso vergonzoso de Grondona ovacionado por decenas de funcionarios. Un derroche del capital simbólico del oficialismo, que está en mengua. Para colmo, Cristina Fernández incurrió en una demasía retórica cuando emparentó el embargo de imágenes de los goles hasta la medianoche del domingo con “secuestros” y, aún, con los secuestros de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Los aplausos complacientes de esos ámbitos endogámicos son un mal termómetro del mundo real y a menudo un mal incitador. La gravedad inequívoca del terrorismo de estado, del genocidio o del Holocausto impone -sostiene este escriba desde hace décadas- a limitar las comparaciones con hechos básicamente distintos. El mundo real rebosa de situaciones afligentes o criticables, que pueden llegar a segar vidas, que no son terrorismo de estado. Permítase incluso un ejemplo extremo: un caso de gatillo fácil es una conducta atroz, que amerita las sanciones penales y políticas más severas, pero no es un genocidio. Se aludía a un abuso de posición dominante que restringe emisión de imágenes. Puede ser ilegal, pero ni entra en la órbita del derecho penal común. Seguramente configura una práctica monopólica, digna de ser sancionada por los organismos de defensa de la competencia, no un crimen de lesa humanidad. La comparación a la baja, banaliza la gravedad del término mayor. - - La práctica monopólica quedó de lado desde anteayer. Los argentinos menos ricos podrán tener acceso a un espectáculo que los gratifica. Un consumo cultural que engrosa su patrimonio no salarial. Es un paso interesante (insuficiente por sí solo) en la democratización de la información. La responsabilidad de los medios públicos (lo dice quien trabaja desde hace años en algunos de ellos y se enorgullece de eso) debería ir más allá. Incluir una revisión de los contenidos de las transmisiones deportivas, que en un crescendo incontenible emanaron mal gusto y un discurso antidemocrático. El machismo, la homofobia, el chauvinismo, la exaltación de la procacidad de los hinchas (que la incitaba), un ethos exitista sin límites éticos fueron características salientes de la narrativa cotidiana del fútbol televisado, que tuvo varias y meritorias excepciones entre sus periodistas. La expresión “no existís”, la apología del “aguante” llevaron al clímax la apología del fanatismo tribunero. El deber de los medios públicos es proponer un lenguaje más digno. Habrá que ver si figuras como Marcelo Araujo, ayer nomás exponente y pionero de todas esas desmesuras, dan la respectiva talla en un nuevo contexto.